Se aprobó hoy una ley que regula el uso de las bicicletas eléctricas en la ciudad incorporando al Código de Tránsito y Transporte la definición de los ciclorodados con pedaleo asistido y las condiciones de seguridad necesarias para habilitar su circulación. La norma califica a esta clase de rodados como «vehículo de dos o tres ruedas, con motor eléctrico auxiliar e impulsado por el esfuerzo de quien lo utiliza, cuya potencia disminuye progresivamente, y que finalmente se interrumpe cuando el vehículo alcanza una velocidad de 25 km/h, o antes si el ciclista deja de pedalear«.

Como requisito de seguridad para habilitar su circulación por la vía pública se exige un sistema de frenos que actúe sobre las ruedas y que se accione desde el manubrio; una bocina que permita llamar la atención bajo condiciones de tránsito mediano; un espejo retrovisor colocado en forma tal que permita al conductor ver por lo menos a 70 metros de distancia; un elemento catadióptrico rojo en la parte trasera y otro blanco en la parte delantera. Además, en marcha nocturna, se debe utilizar una luz de color rojo orientada hacia atrás y una luz de color blanco o destellador orientada hacia adelante, ambas visibles a no menos de cien metros en el sentido correspondiente.

El uso de las bicicletas se incrementó notablemente en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires como método de transporte alternativo. Esta ley regula la convivencia con los ciclorodados eléctricos y autoriza como potencia máxima del motor auxiliar unos 500 Watts y limita la velocidad en 25 km/h.

Por otra parte, se definió una restricción para los conductores, quienes no podrán ser menores de 16 años.

Una cláusula transitoria establece que los ciclorodados que no satisfagan los requisitos de seguridad tendrán 180 días contados a partir de la publicación de la presente ley para ajustarse a la normativa.

«La bicicleta eléctrica con pedaleo asistido ayudará a integrar a otros actores que hoy en día no pueden utilizarla, como los adultos mayores, personas con discapacidad, o mujeres embarazadas», destacan los fundamentos del proyecto impulsado por los diputados Cristina García, Daniel Del Sol, Carmen Polledo, Francisco Quintana, Roberto Quattromano y Agustín Forchieri (PRO), que tuvo dictamen favorable de la Comisión de Tránsito y Transporte.

La norma se aprobó con 53 votos afirmativos y las abstenciones de Claudio Heredia, María Rosa Muiños, Silvia Gottero (BP) y Claudio Palmeyro (SP).

Huéspedes de Honor

El profesor y director de la Orquesta Gli Archi del Maderna, Paolo Chiavacci, fue declarado Huésped de Honor en el marco de su próxima visita a la Ciudad de Buenos Aires, el 21 de septiembre. El diputado Omar Abboud (PRO) fue el promotor de la iniciativa. Se abstuvo el unibloque AyL.

El mismo reconocimiento otorgó la Legislatura al doctor Roberto de Figueiredo Caldas, quien visitará la Ciudad los días 28 y 29 de septiembre en el marco del 13º Congreso Internacional de Derecho Administrativo, organizado por Asociación Argentina de Derecho Administrativo que tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde brindará una conferencia. La distinción fue impulsada por el diputado Eduardo Santamarina (PRO) y en la votación se abstuvieron los bloques FIT y AyL.

El diputado del Parlamento Europeo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra también fue distinguido por su inminente visita del 18 al 22 de septiembre. «Salafranca ha trabajado incansablemente para acercar a la Unión Europea a América Latina y en particular un especial esfuerzo para fortalecer los lazos entre Europa y el MerCoSur», destacan los fundamentos de la iniciativa presentada por la diputada Carmen Polledo (PRO). Se abstuvieron BC, FIT y AyL.

Acuerdo por litigio entre el GCBA y Telecom S.A.

A través de la aprobación de una resolución, la Legislatura prestó conformidad al acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Telecom Argentina S.A., respecto a diversos juicios por cobros de tributos. La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un despacho aconsejando la aprobación del mencionado acuerdo.

Las partes, en función de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordaron que Telecom le adeuda al GCBA la suma de $ 25.843.204,50 comprendiendo capital más intereses calculados al 30 de abril de 2016.

«La solución propiciada en el acuerdo proyectado, constituye una adecuada composición de los intereses en litigio entre ambas partes, importando un ajuste recíproco y equitativo de las respectivas pretensiones, basado en el acogimiento de la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la aplicación de tributos locales sobre el uso y ocupación del espacio público», explica el proyecto que envió a la Legislatura la Procuración General.

Telecom se compromete a realizar el pago dentro de los diez días hábiles de que la Procuración le notifique la aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del presente acuerdo.

La resolución fue aprobada a mano alzada con las abstenciones de FpV, FIT, BC y AyL.