Más de medio millar de productos vencidos, sin rotular o con etiquetas en otros idiomas fueron retirados de comercios porteños en operativos recientes de Defensa al Consumidor.

Las infracciones, que ponen en riesgo la salud y los derechos de los vecinos, fueron detectadas en supermercados y autoservicios de cercanía en barrios como Barracas, Flores y Belgrano.

Los controles buscan garantizar que los productos que se ofrecen estén en condiciones óptimas y que el vecino reciba toda la información necesaria para tomar decisiones de consumo seguras, explicaron desde el área de Lealtad Comercial del Gobierno porteño.

En una serie de operativos desplegados por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron inspecciones a 39 autoservicios y comercios de cercanía distribuidos en diversas comunas.

Como resultado, se labraron 96 actas de infracción por irregularidades que van desde la venta de productos vencidos hasta el ocultamiento o ausencia total de precios en góndolas.

La situación, de por sí grave, se agrava cuando se considera que en muchos casos se trata de artículos de consumo diario, como alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

Las inspecciones se enfocaron principalmente en las comunas 1, 4, 7 y 13 —que incluyen barrios como Parque Patricios, La Boca, Constitución y Belgrano—, luego de recibir denuncias vecinales que alertaban sobre prácticas reiteradas de incumplimiento.

La respuesta fue contundente: 558 productos fueron retirados de circulación. De estos, 327 no contaban con rotulado adecuado, y 231 se encontraban directamente vencidos.

Los artículos sin rótulo no solo dificultan al consumidor identificar ingredientes o advertencias sobre su contenido, sino que también representan un riesgo directo para personas con alergias o condiciones médicas específicas.

“Nos preocupa mucho la venta de productos con etiquetas en idiomas extranjeros sin traducción. No saber qué contiene un alimento o si está vencido es peligroso y, además, ilegal”, remarcaron desde el organismo de control.

Pero los problemas no se limitaron a los productos en sí. Los inspectores también constataron diferencias entre los precios exhibidos en góndola y los cobrados en caja, una práctica que vulnera el principio de transparencia comercial.

Además, se detectaron facturas mal confeccionadas, tickets sin información fiscal, falta del libro de quejas obligatorio y carencia de cartelería que informe los derechos de los consumidores.

Uno de los puntos más sensibles en estos operativos es la publicidad engañosa, que muchas veces induce al cliente a comprar productos por supuestas promociones o características que no se condicen con la realidad.

“No se trata solo de etiquetado o vencimiento: también hay que combatir la mentira en la promoción de los productos”, subrayó un inspector interviniente.

La normativa vigente establece que todo comercio debe exhibir precios de forma clara, brindar información completa sobre los productos ofrecidos, emitir tickets fiscales válidos y disponer de los canales de atención adecuados para la recepción de reclamos.

El incumplimiento de estas normas habilita a la autoridad de aplicación a labrar actas, aplicar multas e incluso clausurar el establecimiento si las faltas son graves o reiteradas.

Los operativos responden a una estrategia dual: por un lado, se planifican controles de oficio en zonas donde se sospecha un patrón de infracción; por otro, se da curso a las denuncias de los vecinos. Cualquier persona que detecte este tipo de irregularidades puede ingresar a la web oficial del Gobierno de la Ciudad y solicitar una inspección a través de los canales de atención disponibles.

Estas herramientas permiten al consumidor no solo defender sus derechos sino también contribuir activamente al cumplimiento de las normativas.

En paralelo, el organismo lleva adelante campañas de concientización sobre el consumo responsable y los derechos básicos que asisten a cualquier cliente, especialmente en contextos de inflación y aumento sostenido de precios, donde las malas prácticas comerciales pueden tener un impacto aún mayor en la economía familiar.

Las campañas también alertan sobre los peligros de los productos sin rotular, que suelen provenir de cadenas informales de distribución o estar próximos a vencerse.

Las estadísticas del primer trimestre de este año indican que las denuncias por faltas en comercios aumentaron un 22% respecto del mismo período del año anterior.

Esto muestra, por un lado, un mayor nivel de compromiso ciudadano, pero también una preocupante persistencia de malas prácticas en el circuito comercial barrial.

Como periodista y consumidor, celebro que estos operativos sigan vigentes y se intensifiquen. Todos merecemos saber qué estamos comprando y en qué condiciones.

El consumo responsable también empieza por exigir que quienes venden cumplan con la ley. Y si no lo hacen, que el control estatal esté presente para defendernos.