La solidaridad también puede nacer en los márgenes menos visibles del Estado. En una decisión que transforma bienes incautados en herramientas concretas para la comunidad, la Policía de la Ciudad concretó la donación de electrodomésticos, elementos de cocina, juguetes y herramientas que permanecían en depósito desde hacía años, y los puso al servicio de dos instituciones clave del entramado social argentino: la Fundación Margarita Barrientos y la Fundación del Hospital Garrahan.

El gesto, que puede leerse como una señal política y social, tuvo como objetivo resignificar materiales secuestrados en distintos operativos judiciales y darles un destino con impacto real.

“No se trata solo de liberar espacio en depósitos, sino de devolver a la sociedad recursos que pueden mejorar la vida cotidiana de miles de personas”, fue la idea que sobrevoló el proceso, impulsado desde áreas internas de la fuerza y avalado por la Justicia.

En el detalle fino de lo entregado se percibe la magnitud de la acción. A la Fundación Margarita Barrientos se le asignaron un freezer, una freidora, tres hornos eléctricos, cinco hidrolavadoras, veinticinco máquinas de pasta y nueve accesorios específicos para la elaboración de ravioles.

A eso se sumaron cinco planchas de hierro, quince paellas y sesenta cajas de herramientas, insumos que refuerzan la capacidad operativa de los comedores y espacios comunitarios que la organización sostiene desde hace décadas en contextos de alta vulnerabilidad social.

El listado continuó con soportes para televisores de distintos tamaños y modelos, dos purificadores de agua, quince parlantes, una cocina de tres hornallas, nueve soldadoras eléctricas y cinco pares de borceguíes.

Cada elemento tiene un valor concreto: desde mejorar la alimentación hasta fortalecer talleres de oficios o tareas de mantenimiento.

Los materiales fueron recibidos por el apoderado de la fundación, quien destacó la utilidad inmediata que tendrán en los dispositivos sociales que administra la entidad.

En paralelo, la Fundación del Hospital Garrahan recibió un conjunto igualmente significativo. Cinco hidrolavadoras, veinte máquinas de pasta, nueve accesorios para ravioles, ocho cajas de herramientas tipo botiquín, treinta y tres cajas de herramientas convencionales y ocho cajas de juguetes formaron parte del primer tramo de la entrega.

A esto se añadieron siete consolas de videojuegos, quince parlantes, veinte bases móviles multifuncionales y setenta y nueve soportes para TV de diferentes características, pensados para áreas de internación, salas de espera y espacios de contención destinados a niñas, niños y adolescentes.

Los elementos fueron recibidos personalmente por la representante legal de la Fundación del Hospital de Pediatría, una institución que acompaña el trabajo cotidiano de uno de los centros de salud infantil más importantes del país.

En este contexto, cada donación adquiere un sentido particular: no solo se trata de equipamiento, sino de herramientas que ayudan a humanizar la estadía hospitalaria, generar distracción terapéutica y mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Detrás de esta entrega hubo un proceso administrativo y judicial que demandó tiempo y coordinación. Los bienes permanecían desde hacía años en un depósito oficial y su destino estaba supeditado a resoluciones judiciales.

Gracias a las gestiones de la División Depósito de Efectos de la Policía de la Ciudad ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, a cargo del Luis Salas, se obtuvo la autorización necesaria para concretar la donación y darles un uso social.

Este tipo de decisiones abre un debate más amplio sobre el destino de los bienes secuestrados en causas penales.

En lugar de quedar inmovilizados o deteriorarse con el paso del tiempo, pueden convertirse en recursos estratégicos para organizaciones que trabajan donde el Estado muchas veces no llega con la velocidad necesaria.

La experiencia demuestra que, con voluntad política y respaldo judicial, es posible articular seguridad, justicia y política social en una misma acción.

Desde una mirada periodística, resulta relevante subrayar que no se trata de un hecho aislado. En los últimos años, distintas jurisdicciones comenzaron a revisar sus protocolos para facilitar donaciones de este tipo, siempre bajo controles estrictos y transparencia administrativa.

La clave está en garantizar que los bienes tengan un destino trazable y un impacto verificable, algo que en este caso se cumple al tratarse de fundaciones con trayectoria reconocida.

El cierre de esta historia no es solo administrativo. Es social y simbólico. Bienes que alguna vez estuvieron asociados a causas judiciales hoy pasan a ser parte de comedores, talleres, hospitales y espacios de cuidado.

En un contexto económico complejo, donde cada recurso cuenta, la decisión de transformar incautaciones en ayuda concreta marca un camino posible y necesario.