En La Boca, una intervención precisa y coordinada evitó que una propiedad ya desalojada volviera a caer en manos de usurpadores: el seguimiento en tiempo real de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano permitió a la Policía de la Ciudad detener a dos hombres cuando forzaban el frente de un inmueble tapiado por riesgo de derrumbe.

Defender la propiedad privada y garantizar que los inmuebles recuperados no vuelvan a ser intrusados es una directiva clara, sostuvo el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, al confirmar que el operativo respondió a una política sostenida de prevención y control territorial impulsada por el Ejecutivo porteño.

Contamos lo ocurrido con precisión: la alerta se activó cuando operadores del Centro de Monitoreo Urbano detectaron a dos hombres violentando el frente de una vivienda ubicada en Necochea al 1200, en el barrio de La Boca.

El inmueble había sido desalojado en agosto último por peligro de derrumbe y, para impedir nuevas intrusiones, permanecía con su acceso tapiado. Las imágenes permitieron reconstruir el intento de usurpación en tiempo real y dar aviso inmediato a la Comisaría Vecinal 4 C.

La respuesta fue rápida. Los efectivos arribaron al lugar y detuvieron a uno de los sospechosos in fraganti, mientras que el segundo fue interceptado a unos 200 metros cuando intentaba escapar.

Se trató de dos hombres —un argentino de 33 años con antecedentes por robo y un uruguayo de 51— que ya habían logrado romper el tapiado con el objetivo de ocupar el inmueble.

La secuencia, registrada por las cámaras, resultó clave para acreditar la maniobra y sostener la intervención policial.

El episodio se inscribe en un contexto más amplio de recuperación de propiedades en la Ciudad. Desde el Gobierno porteño se informó que, a partir de una decisión política del jefe de Gobierno Jorge Macri, ya se recuperaron más de 550 inmuebles.

El dato no es menor: cada recuperación implica no solo la restitución a sus legítimos dueños, sino también un esfuerzo posterior de custodia para evitar reocupaciones ilegales, un fenómeno recurrente en zonas donde el abandono y el deterioro edilicio generan oportunidades para el delito.

La Boca, con su entramado urbano histórico y edificios de antigua data, presenta desafíos específicos. El riesgo estructural de muchas construcciones obliga a desalojos preventivos y a medidas de seguridad como el tapiado de accesos.

En ese escenario, la vigilancia tecnológica se vuelve un factor determinante. Las cámaras del CMU no solo cumplen una función disuasiva, sino que permiten una lectura anticipada de conductas sospechosas y una coordinación inmediata con el patrullaje en calle, reduciendo tiempos de respuesta y aumentando la eficacia operativa.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcan que el trabajo no termina con la detención. En este caso, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 34, a cargo de Cecilia Bellavigna, con intervención de la Secretaría Única de María Noel Ciro, dispuso la detención de ambos hombres y ordenó el retapiado del ingreso para reforzar la protección del inmueble.

La articulación entre el sistema judicial y las fuerzas de seguridad resulta central para cerrar el circuito: prevenir, intervenir, judicializar y asegurar.

Aportamos además una mirada sobre el impacto urbano de estas políticas. La recuperación de propiedades y la prevención de usurpaciones contribuyen a ordenar el espacio público, desalentar economías ilegales y brindar previsibilidad a vecinos y propietarios.

Las estadísticas oficiales señalan que la reincidencia en intentos de intrusión disminuye cuando existe vigilancia activa y acciones rápidas, un punto que este operativo vuelve a poner en evidencia.

No se trata únicamente de un caso policial. Es un mensaje de gestión: la Ciudad refuerza una estrategia que combina tecnología, presencia territorial y decisiones judiciales expeditivas.

La experiencia muestra que la anticipación —detectar antes de que la ocupación se consolide— evita conflictos mayores, daños estructurales y largos procesos de desalojo posteriores.

Así, la detención en La Boca sintetiza una política pública que busca proteger la propiedad privada, preservar la seguridad urbana y sostener en el tiempo las recuperaciones logradas.

La vigilancia inteligente y la respuesta coordinada vuelven a marcar la diferencia cuando el delito intenta avanzar sobre inmuebles vulnerables.