Una sentencia judicial sacudió al negocio de los planes de ahorro para autos 0 km en la Ciudad de Buenos Aires: la Justicia declaró ilícitas las publicidades de Plan Rombo S.A., Renault Argentina S.A. y dos concesionarias por omitir información clave y potencialmente engañar a miles de consumidores que buscaban acceder a su primer vehículo.
Estas publicidades inducén a error al ocultar datos esenciales para la toma de decisiones económicas de los consumidores, sostuvo el fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Nº 26, que ordenó además la inmediata difusión de anuncios correctivos.
La resolución judicial tuvo origen en una acción legal impulsada por una institución porteña especializada en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, que detectó graves irregularidades en la forma en que se promocionaban los planes de ahorro para la compra de vehículos cero kilómetro.
El eje central de la denuncia fue la omisión sistemática de información esencial para que el consumidor pudiese evaluar con claridad el verdadero costo de los vehículos ofrecidos.
Entre los puntos más relevantes, la Justicia determinó que las publicidades no informaban el precio de contado del vehículo, el precio total final financiado, la tasa de interés efectiva anual, ni tampoco los gastos administrativos, de adjudicación, seguros, impuestos y otros costos adicionales habituales en este tipo de operatorias.
Esta falta de transparencia, según se remarcó en el fallo, impide al consumidor comparar opciones reales de financiamiento y termina configurando una práctica engañosa.
El fallo encuadró estas conductas dentro de lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de publicidad ilícita, al considerar que la información incompleta o sesgada no solo vulnera derechos básicos del consumidor, sino que además distorsiona el funcionamiento del mercado.
Como consecuencia directa de esta decisión judicial, se ordenó el cese inmediato de las publicidades consideradas ilícitas.
Además, se dispuso que las empresas demandadas deberán difundir anuncios correctivos, cuyo contenido y modalidad será determinado en la etapa de ejecución de la sentencia.
Este punto resulta clave, ya que obliga no solo a retirar las campañas cuestionadas, sino también a reparar el daño informativo ya provocado.
El mercado de planes de ahorro para autos es uno de los más sensibles del sistema de consumo argentino.
En los últimos años, cientos de reclamos se acumularon en organismos de defensa del consumidor por aumentos imprevistos de cuotas, modificaciones contractuales, dificultades para la entrega de los vehículos y diferencias abismales entre lo prometido en la publicidad y lo que finalmente termina pagando el usuario.
Según estimaciones de asociaciones de consumidores, el valor final de un auto mediante plan de ahorro puede duplicar o incluso triplicar el precio de lista originalmente promocionado.
Este fallo judicial se inscribe en un contexto de creciente judicialización de este tipo de contratos, en el que los tribunales vienen marcando límites a prácticas comerciales que, durante años, operaron en una zona gris de la legalidad.
Especialistas en derecho del consumo destacan que estas resoluciones generan un efecto pedagógico para las empresas, al obligarlas a respetar estándares de información clara, veraz y detallada.
Desde el sector empresarial, en tanto, suelen argumentar que los planes de ahorro son sistemas solidarios y que el valor de las cuotas depende de la evolución del precio del vehículo.
Sin embargo, la Justicia fue contundente al establecer que esa característica no exime a las empresas de su obligación de informar con precisión todos los componentes económicos de la operación.
El fallo también pone de relieve el rol activo de las instituciones intermedias en la defensa de los usuarios, especialmente en un escenario donde la inflación, las restricciones de crédito y la suba constante de los precios de los vehículos empujan a miles de familias a recurrir a planes de ahorro como única alternativa para acceder a un auto 0 km.
En términos institucionales, esta sentencia representa un precedente relevante en la Ciudad de Buenos Aires, ya que fortalece el marco de protección al consumidor y sienta una base más rigurosa para futuras campañas publicitarias vinculadas no solo a la industria automotriz, sino también a productos financieros, créditos y sistemas de financiación en general.
El impacto de esta resolución podría extenderse a otras marcas y concesionarias que utilizan estrategias de marketing similares, obligándolas a revisar sus mensajes promocionales para evitar sanciones, demandas y la exposición pública de prácticas irregulares.
A su vez, refuerza la necesidad de que los consumidores exijan siempre contratos claros, simulaciones de pago detalladas y copias completas de toda la documentación antes de firmar.
La decisión judicial no solo obliga a corregir publicidades, sino que instala un mensaje contundente al mercado: sin información completa y transparente, no hay operación válida.
El fallo marca un antes y un después en la forma de promocionar planes de ahorro en el país.