En medio de una política cada vez más activa contra la usurpación de inmuebles, la Ciudad de Buenos Aires avanzó con operativos simultáneos en Palermo que terminaron con la recuperación de dos propiedades ocupadas ilegalmente desde hace años.
El caso más resonante fue el de la llamada “casa violeta”, tomada durante tres décadas, en un contexto donde el Gobierno porteño busca reforzar el control territorial y enviar un mensaje directo sobre el respeto a la propiedad privada.
En Buenos Aires se había naturalizado convivir con propiedades usurpadas. La época de la resignación se terminó, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el marco de los operativos que contaron con intervención policial, asistencia social y equipos de emergencia.
Según pude reconstruir a partir de fuentes oficiales y testimonios vecinales, el operativo principal se realizó en Guatemala 5427, donde se encontraba la denominada “casa violeta”.
El inmueble, un PH ubicado en pleno Palermo, había sido ocupado ilegalmente durante aproximadamente 30 años por personas extranjeras, en su mayoría de origen boliviano y peruano, según informaron las autoridades.
El procedimiento fue coordinado por la Policía de la Ciudad junto con personal de Bomberos, Emergencias y la Red de Atención.
La supervisión política estuvo a cargo del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny. La propiedad ya había sido clausurada en noviembre pasado y el dueño mantiene un litigio judicial por desalojo desde 2014, lo que refleja la complejidad legal que suelen tener estos procesos, que pueden extenderse durante años.
Vecinos de la zona venían denunciando distintos episodios delictivos asociados al inmueble, entre ellos robos callejeros y movimientos sospechosos en horarios nocturnos.
Este tipo de denuncias suele ser el disparador de investigaciones administrativas y judiciales que terminan derivando en desalojos, aunque la ejecución depende de fallos judiciales firmes.
En paralelo, el Gobierno porteño avanzó con la recuperación de otro inmueble en Palermo Hollywood, ubicado en Honduras 5648, frente al canal América.
Se trata de un edificio de planta baja y tres pisos que estaba intrusado desde 2013 y que, según los reportes oficiales, se encontraba en condiciones estructurales y sanitarias muy deterioradas, sin suministro eléctrico y con denuncias reiteradas de vecinos por inseguridad.
La propietaria del inmueble, identificada como Taia, celebró públicamente la medida en redes sociales, donde expresó su alivio tras más de una década de conflicto.
“Después de 13 años de tener una propiedad tomada en pleno Palermo, me acaban de dar la noticia que la están desalojando. Hoy la familia festeja”, publicó. La respuesta del jefe de Gobierno reforzó la línea política del Ejecutivo porteño: “El orden también es respeto por el esfuerzo de toda una vida”.
La mujer también detalló que el edificio había funcionado como clínica y estaba en proceso de remodelación cuando fue ocupado durante un fin de semana largo de Pascuas en 2013.
Entre las consecuencias económicas mencionó deudas acumuladas con la empresa AySA por consumos generados durante la ocupación ilegal.
De acuerdo con datos oficiales, durante la actual gestión ya se recuperaron 579 viviendas dentro de un plan que busca reducir la ocupación ilegal, mejorar la seguridad barrial y reordenar el espacio urbano.
En los últimos dos años, el listado incluye inmuebles de fuerte impacto simbólico y patrimonial, como la Casa Blaquier en el Casco Histórico, el denominado “Elefante Blanco” de Olazábal al 3400 en Belgrano, la llamada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la Casona de Costanera Sur y sectores del Mercado de Bonpland.
La política de desalojos también se extendió a otros barrios. La semana pasada se recuperó un edificio en Tucumán al 1700, en San Nicolás, propiedad del CONICET, ocupado durante más de 40 años. Allí se hallaron banderas políticas, panfletos y material partidario.
Además, en barrios como Constitución, San Telmo y Flores se desalojaron ex hoteles que, según investigaciones policiales, funcionaban como puntos de venta de drogas o espacios vinculados a la explotación sexual.
En Parque Avellaneda, otro operativo permitió recuperar un edificio ocupado durante cuatro décadas en la zona de Olivera y Ameghino, cerca del predio que hasta hace poco ocupaba la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”.
Especialistas en urbanismo y seguridad urbana coinciden en que la recuperación de inmuebles tiene impacto directo en la dinámica barrial, no solo desde lo legal sino también desde la percepción de seguridad.
Sin embargo, también advierten sobre la necesidad de políticas sociales complementarias para abordar el problema habitacional que, en muchos casos, está detrás de estas ocupaciones.
La recuperación de estos inmuebles marca un nuevo capítulo en la política de control urbano porteña. Con operativos que se multiplican en distintos barrios, la discusión sobre propiedad privada, seguridad y acceso a la vivienda vuelve a instalarse en el centro del debate público.