La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo operativo de ordenamiento en el asentamiento La Carbonilla, en La Paternal, con una medida central: limitar y controlar el ingreso, traslado y acopio de materiales de construcción para impedir que continúen levantándose nuevas estructuras o ampliaciones sin autorización.
La decisión apunta a contener el crecimiento vertical del barrio y a reducir los riesgos asociados a edificaciones que, según los relevamientos oficiales, llegaron a alcanzar alturas de hasta 20 metros.
La medida no se limita solamente a los materiales. Durante el operativo desplegado este martes se controlaron los accesos al asentamiento, se retiraron vehículos abandonados y chatarra y se realizaron inspecciones en distintos comercios, incluidos locales dedicados a la venta de celulares y establecimientos vinculados con la comercialización de materiales para la construcción.
Más de 100 agentes de distintas áreas del Gobierno porteño participaron del procedimiento, que forma parte de una estrategia más amplia de ordenamiento y control del espacio público.
Al analizar lo ocurrido en La Carbonilla, el dato que más llama la atención es la transformación que atravesó el asentamiento en poco más de dos décadas.
El barrio comenzó a formarse hacia fines de 2001 sobre terrenos nacionales ubicados junto a las vías del ferrocarril San Martín, en una zona delimitada por las calles Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa.
Con el paso de los años, el crecimiento poblacional fue acompañado por una modificación profunda de las construcciones.
Lo que inicialmente estaba compuesto mayormente por casillas y viviendas precarias fue dando lugar a edificaciones cada vez más grandes, con ampliaciones sobre estructuras existentes y un crecimiento hacia arriba que generó nuevas dificultades para el control urbano.
Actualmente, la población del asentamiento supera las 4.000 personas. Y es justamente esa expansión la que encendió las alarmas.
Un relevamiento realizado sobre la evolución de la altura de las construcciones entre 2021 y 2025 detectó un proceso sostenido de crecimiento.
En algunos sectores se identificaron nuevas edificaciones levantadas sobre construcciones anteriores, con alturas que parten de aproximadamente tres metros y llegan, en los casos más extremos, a los 12 y hasta los 20 metros.
Desde mi mirada, el problema no pasa solamente por la cantidad de metros que puede alcanzar una construcción.
El punto central es qué condiciones estructurales tiene una edificación que crece de manera progresiva, muchas veces sobre una vivienda que originalmente no fue diseñada para soportar nuevos pisos, ampliaciones o modificaciones.
Allí aparece uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno porteño para justificar la intervención.
La preocupación está relacionada con el riesgo estructural, el hacinamiento y la dificultad de controlar obras que se desarrollan sin las autorizaciones correspondientes.
A medida que una construcción aumenta su superficie y altura sin una planificación adecuada, también pueden crecer los riesgos para quienes viven allí y para quienes circulan o trabajan en el lugar.
El eje administrativo de la medida es la resolución 472 del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. A partir de esta disposición se busca establecer un mecanismo específico para ordenar el ingreso de materiales de construcción a La Carbonilla.
La normativa contempla la elaboración de un protocolo destinado a regular el ingreso, registro, control y autorización de los materiales. La aplicación estará a cargo de la Secretaría de Hábitat e Integración Social y deberá coordinarse con las áreas vinculadas con fiscalización, control urbano y seguridad.
La intención es evitar que materiales como ladrillos, cemento, arena, hierro y otros insumos sean utilizados para levantar nuevas construcciones, ampliar viviendas existentes o realizar intervenciones que no estén autorizadas.
La medida representa un cambio importante porque el control no se concentra únicamente en la obra terminada. El objetivo es intervenir antes, identificando el movimiento de materiales que podría derivar en una construcción irregular.
El esquema contempla controles en los accesos y el registro de los materiales que ingresan al barrio. De esta manera, la Ciudad pretende contar con información que permita determinar qué obras se encuentran en ejecución, cuáles están autorizadas y cuáles deberían ser inspeccionadas.
El procedimiento previsto para La Carbonilla toma como referencia el sistema aplicado anteriormente en la Villa 31, en Retiro. Allí se desplegó un operativo de características similares para intentar contener el crecimiento de construcciones no permitidas.
En ese caso se retiró chatarra equivalente a unos 40 camiones y fueron clausurados seis corralones ilegales que funcionaban principalmente durante la noche. Además, se clausuraron 25 edificaciones que no estaban permitidas y diez de ellas terminaron siendo demolidas.
También se colocaron más de 20 carteles de gran tamaño para identificar las obras y construcciones que no estaban autorizadas. El objetivo fue hacer visible el control sobre las edificaciones y evitar que la falta de identificación facilitara la continuidad de obras irregulares.
Ese antecedente permite anticipar cómo podría funcionar el nuevo esquema en La Carbonilla. Un equipo de fiscalización deberá identificar las obras que se encuentren en infracción y, posteriormente, la Agencia Gubernamental de Control podrá intervenir para disponer su clausura cuando corresponda.
La planificación contempla que los operativos se realicen semanalmente. No se tratará, por lo tanto, de una intervención aislada, sino de un mecanismo de control que buscará mantenerse en el tiempo.
Y el alcance será más amplio que las construcciones. También están previstas inspecciones sobre otras actividades consideradas irregulares, entre ellas los depósitos de garrafas y las grandes distribuidoras de bebidas.
El operativo realizado este martes reunió a distintas dependencias del Gobierno porteño. Participaron más de 100 agentes de la Policía de la Ciudad, junto con equipos de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control, el Instituto de la Vivienda, Fiscalización, Higiene y la Comuna 15.
Entre las tareas desarrolladas se incluyeron controles de ingreso, inspecciones comerciales y el retiro de autos abandonados. La presencia de distintas áreas busca abordar el problema desde varios frentes y no solamente desde la cuestión de las construcciones.
Durante el procedimiento también estuvieron presentes el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.
Macri defendió el operativo y planteó que el objetivo es aplicar las mismas reglas en todo el territorio porteño.
“Estamos haciendo cumplir las reglas, con más seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos. No vamos a permitir que ninguna villa siga creciendo. Ley y orden en toda la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno.
La definición política es clara: la administración porteña pretende evitar que los asentamientos continúen expandiéndose tanto en superficie como en altura y busca instalar un criterio de control permanente sobre las construcciones.
La intervención en La Carbonilla no aparece como una acción aislada. Se integra a una batería de medidas que el Gobierno porteño viene presentando como parte de una política general de recuperación y ordenamiento del espacio público.
Dentro de ese paquete se encuentran los denominados operativos de saturación desplegados en distintos barrios, la recuperación de más de 900 inmuebles que habían sido usurpados y los procedimientos destinados a desalojar a manteros que ocupaban ilegalmente sectores de la vía pública.
La idea planteada por la Ciudad es avanzar hacia un esquema en el que no existan zonas donde las normas urbanas, comerciales o de convivencia sean consideradas diferentes.
Bajo esa perspectiva, el control de La Carbonilla forma parte de una política que busca aplicar criterios uniformes sobre construcciones, actividades comerciales y utilización del espacio público.
El desafío, en este punto, será sostener los controles y, al mismo tiempo, abordar la situación habitacional de las familias que viven en el asentamiento.
Frenar una construcción irregular puede ser una medida necesaria desde el punto de vista de la seguridad, pero el problema urbano y social que existe detrás de esas edificaciones requiere también respuestas vinculadas con la vivienda, la infraestructura y las condiciones de vida.
Por eso considero que el resultado de esta intervención no debería medirse solamente por la cantidad de materiales retenidos, obras clausuradas o vehículos retirados.
También será importante observar si la medida logra evitar que las construcciones vuelvan a crecer sin autorización y si se consigue reducir efectivamente los riesgos que motivaron la intervención.
La experiencia desarrollada en la Villa 31 funciona como una referencia directa para lo que ahora se pretende implementar en La Carbonilla.
Allí el Gobierno porteño combinó controles sobre los accesos, inspecciones, clausuras, retiro de residuos y chatarra y acciones sobre comercios vinculados con el movimiento de materiales.
El dato de las 25 edificaciones clausuradas y las diez demoliciones realizadas muestra la dimensión que puede alcanzar una política de control cuando se sostiene durante un período prolongado.
En La Carbonilla, el crecimiento detectado durante el período 2021-2025 plantea una situación especialmente delicada.
No se trata solamente de una expansión horizontal, sino de la aparición de construcciones cada vez más altas dentro de un espacio donde las condiciones originales del asentamiento no fueron pensadas para soportar semejante densidad edilicia.
Las alturas de 12 y 20 metros detectadas en determinados puntos constituyen uno de los principales motivos de preocupación.
El crecimiento vertical modifica completamente la dinámica del barrio: aumenta la concentración de personas, exige más infraestructura, genera nuevas demandas sobre los servicios y puede dificultar aún más las tareas de emergencia, fiscalización y mantenimiento.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el Gobierno porteño pretende controlar el proceso antes de que la obra termine.
En lugar de intervenir únicamente cuando una construcción ya está levantada, la estrategia apunta a identificar el movimiento de materiales que podría permitir una ampliación no autorizada.
Este mecanismo puede convertirse en una herramienta importante si logra funcionar de manera coordinada y transparente.
Para eso será necesario establecer con claridad qué materiales pueden ingresar, en qué condiciones, para qué obras y quién será responsable de autorizar cada movimiento.
La implementación del protocolo será, en consecuencia, uno de los puntos centrales de la nueva etapa. La Ciudad deberá articular a las áreas de Hábitat, Fiscalización, Control Urbano y Seguridad para que los controles no queden limitados a operativos puntuales.
También será fundamental evitar que el sistema genere conflictos innecesarios con quienes necesitan realizar reparaciones o mejoras legítimas en sus viviendas.
La diferencia entre una obra permitida y una ampliación irregular deberá quedar claramente establecida para que el control tenga un criterio uniforme.
La Carbonilla representa, en definitiva, un problema que combina urbanización, seguridad, vivienda, infraestructura y fiscalización.
La decisión de limitar el ingreso de materiales constituye una respuesta concreta frente al crecimiento de las construcciones, pero el desafío será sostenerla en el tiempo y complementarla con políticas que atiendan las necesidades de quienes viven allí.
La Ciudad ya anticipó que los operativos serán semanales y que no se limitarán a las obras. También habrá controles sobre comercios, depósitos y otras actividades que puedan presentar irregularidades.
El despliegue de este martes marca así el comienzo de una etapa de mayor presencia estatal en La Carbonilla. El control de accesos, el retiro de vehículos abandonados, las inspecciones comerciales y la fiscalización de las construcciones forman parte de una misma estrategia.
El objetivo declarado es impedir que el asentamiento siga creciendo sin planificación y evitar que las edificaciones alcancen niveles de altura que puedan representar un riesgo para sus habitantes.
Desde mi perspectiva, el dato más importante será lo que ocurra después de este primer operativo. La verdadera eficacia de la medida se comprobará cuando los controles se mantengan, cuando las obras irregulares efectivamente sean detectadas y cuando el crecimiento edilicio pueda ser contenido sin perder de vista que detrás de cada vivienda hay familias y una realidad habitacional que también necesita respuestas.
La Carbonilla queda, de esta manera, en el centro de una política de ordenamiento que busca poner un límite al crecimiento de las construcciones y reforzar la presencia del Estado.
El operativo ya comenzó; ahora el desafío será convertir ese despliegue inicial en un control sostenido y efectivo.