La Confederación emitió un comunicado junto con Coninagro, CNCT, Conaice y Conarcoop, donde vuelve a destacar que estas empresas no tienen fines de lucro, por lo cual no tienen ganancias.
«El objeto de las cooperativas es brindar servicios a los asociados. Nadie lucra consigo mismo», se expresa en el documento, que ya fue enviado a diputados y senadores.
En vistas del ingreso al Congreso del proyecto de reforma tributaria propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, que busca gravar «ganancias» de cooperativas y mutuales, Cooperar y las demás confederaciones rechazan la iniciativa y reafirman la necesidad de legislar, por el contrario, el reconocimiento de que las cooperativas no son sujeto de este impuesto por ser organizaciones sin fines de lucro.
El tratamiento de exención que da a las cooperativas la actual Ley del Impuesto a las Ganancias «es incorrecto», dado que «debería reconocerse la no sujeción, en virtud de la no existencia del hecho imponible».
Esta adecuación no tendría impacto fiscal pero simplificaría aspectos administrativos y ajustaría el tratamiento a la naturaleza jurídica de estas entidades.
Por eso, las propuestas concretas son eliminar los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria y modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias para que sea reconocida la inexistencia del hecho imponible en el caso de las cooperativas, de acuerdo a los antecedentes y al proyecto que puede consultarse en la web de Cooperar.
Entre otras aclaraciones, las confederaciones expresan que «las cooperativas son empresas gestionadas democráticamente por sus usuarios, cuyo objetivo no es la retribución al capital sino garantizar el acceso a los servicios en condiciones de equidad y transparencia», para lo cual requieren «un tratamiento tributario acorde a su naturaleza.
Finalmente, citan la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
«Una sociedad equilibrada precisa la existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales.
Dentro de este contexto, los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable a las cooperativas y compatible con su naturaleza y función.»