La Policía de la Ciudad desmanteló una red dedicada al contrabando de dispositivos móviles de alta gama, que operaba a través de la venta en locales no oficiales situados en las zonas de Puerto Madero y Palermo.

La investigación culminó con tres allanamientos, donde se incautaron más de 90 teléfonos, entre los que se encontraban 60 iPhones de distintos modelos.

Además, se confiscaron más de 300 accesorios relacionados, como fundas y protectores de pantalla, junto con una importante suma de más de 200 mil dólares en efectivo.

El operativo fue llevado a cabo por la División de Investigación de Organizaciones Criminales, los cinco individuos implicados fueron notificados formalmente por cargos de contrabando y quedaron bajo la disposición del fuero Penal Económico.

Los allanamientos tuvieron lugar en tres ubicaciones: un domicilio en la calle Paunero, en Palermo, y dos apartamentos en Puerto Madero, uno en Manuela Sáenz y otro en Juana Manso, ambos separados por unas pocas cuadras.

Esta operación forma parte de un esfuerzo mayor por combatir el comercio ilegal de productos electrónicos en la Ciudad.

La investigación comenzó en julio pasado, cuando, a través de ciberpatrullaje y monitoreo de fuentes abiertas, como portales y redes sociales, se descubrió la existencia de una organización dedicada a la comercialización de dispositivos electrónicos, en su mayoría celulares de marcas como iPhone y Samsung.

Estos productos, ingresados ilegalmente al país, eran vendidos sin contar con la representación oficial de las marcas.

El equipo de detectives contó con el apoyo de varias divisiones especializadas, entre ellas Análisis de Riesgo, Apoyo Tecnológico y Pericias Tecnológicas, todas bajo la Superintendencia de Cibercrimen.

A estas investigaciones digitales se sumaron operativos encubiertos, que permitieron localizar los puntos clave donde operaba la organización.

Tras obtener las órdenes judiciales correspondientes, se llevaron a cabo los allanamientos en tres departamentos ubicados en zonas exclusivas de la ciudad.

Durante los allanamientos, se incautaron 91 teléfonos móviles, de los cuales 60 eran iPhones de diversos modelos y 30 Samsung, además de seis computadoras, tres notebooks, cargadores, adaptadores, y más de 200 vidrios templados.

También se encontraron fundas, relojes Smart Bracelet, auriculares AirPods Pro y grandes sumas de dinero: 204.069 dólares y 214.590 pesos.

El Juzgado Penal Económico N.º 8, a cargo del Dr. Gustavo Darío Meirovich, dictó el procesamiento de cinco personas vinculadas al negocio, quienes fueron imputadas por violación del Código Aduanero según la Ley 22.415, y la mercadería fue confiscada.

En Argentina, no se permite el ingreso de productos electrónicos sin la representación oficial de las marcas debido a varias razones regulatorias y comerciales.

Estas restricciones están relacionadas con la protección del mercado local, el control de la calidad de los productos, y la seguridad de los consumidores, a continuación, se detallan algunas de las razones principales:

Protección del mercado local: Las leyes de aduanas en Argentina buscan proteger la industria local y evitar la competencia desleal.

Permitir el ingreso de productos sin representación oficial afectaría a los importadores autorizados y a las empresas locales que cumplen con los requisitos legales para operar en el país.

Control de calidad y seguridad: Los productos electrónicos ingresados de manera legal deben cumplir con estándares de seguridad y calidad establecidos por las normativas locales.

Si un producto no tiene representación oficial, es posible que no pase por las inspecciones necesarias, lo que podría poner en riesgo a los consumidores.

Garantía y servicio técnico: Los productos ingresados sin representación oficial no ofrecen garantía oficial ni acceso a los servicios técnicos de las marcas en el país.

Esto afecta al consumidor, que no puede hacer uso de los beneficios que ofrece la marca en términos de reparaciones o reemplazo en caso de defectos.

Evasión fiscal: Los productos importados de manera irregular o sin autorización a menudo no cumplen con los requisitos fiscales, lo que significa que no se pagan los aranceles y tributos correspondientes. Esto implica una pérdida de ingresos para el Estado y fomenta el contrabando.

Estas medidas están reguladas por el Código Aduanero Argentino (Ley 22.415) y otras normativas que buscan asegurar el control del comercio exterior y la protección del consumidor.