La Ciudad de Buenos Aires decidió avanzar sobre uno de los debates más calientes y prolongados del transporte urbano: la convivencia entre taxis y aplicaciones de viajes.

Con un paquete de medidas que combina desregulación, modernización y nuevas exigencias de seguridad, el Gobierno porteño busca terminar con años de tensión y abrir una nueva etapa en la que choferes tradicionales y plataformas digitales compitan bajo reglas más claras y parejas.

“Durante años todos sabían que las aplicaciones funcionaban, pero nadie se animaba a ordenar el sistema”. Con esa frase, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, resumió el espíritu de la reforma que en los próximos días llegará a la Legislatura y que comenzará a aplicarse mediante un decreto ejecutivo.

El anuncio marcó un giro político y regulatorio que impactará de lleno en miles de taxistas y conductores de plataformas que circulan todos los días por la Ciudad.

La iniciativa apunta a modificar un esquema que desde hace años acumulaba críticas tanto del sector del taxi como de los usuarios.

Mientras las aplicaciones crecían en cantidad de viajes y choferes, el sistema tradicional seguía sujeto a trámites presenciales, costos elevados y exigencias consideradas desactualizadas.

El resultado fue un mercado fragmentado, con conflictos permanentes, protestas y una competencia desigual que nunca terminó de resolverse.

Ahora, la administración porteña decidió avanzar con una batería de cambios para simplificar requisitos y reducir costos operativos.

Una de las modificaciones más relevantes será la posibilidad de utilizar vehículos más amplios, de hasta ocho plazas contando al conductor.

Además, se habilitará el uso de unidades M1, como camionetas familiares, y se reducirá la capacidad mínima exigida para los taxis.

Hasta el momento, la normativa obligaba a trabajar con autos preparados para cinco pasajeros; con el nuevo esquema bastará con cuatro plazas incluyendo al conductor, algo que permitirá incorporar vehículos más económicos y accesibles.

El paquete también elimina varias obligaciones históricas que el sector consideraba burocráticas y costosas.

Entre ellas, desaparecerá la exigencia de contar con un baúl de determinadas dimensiones, dejarán de existir límites de plazas para vehículos accesibles y ya no será obligatorio recurrir a un escribano público para concretar transferencias de licencias.

Tampoco habrá obligación de mantener turnos fijos, usar tarjetas físicas identificatorias ni vestir camisa durante la prestación del servicio.

En paralelo, la Ciudad avanzará en la regularización definitiva de las aplicaciones de viajes, un tema que durante años quedó atrapado en una zona gris legal.

Con la nueva normativa, los vehículos deberán tener la Verificación Técnica Vehicular vigente y un seguro específico diseñado para este tipo de actividad. A su vez, los conductores tendrán que ser mayores de 21 años y contar con licencia profesional habilitante.

El Gobierno porteño fijará además un período de 90 días para que los choferes puedan adecuarse a las nuevas condiciones y prometió un mecanismo abreviado para agilizar la obtención de las habilitaciones correspondientes.

La intención oficial es evitar que el proceso derive en nuevas trabas administrativas o en un cuello de botella burocrático.

El anuncio se realizó en Parque Patricios y reunió a representantes del Sindicato de Taxistas, empresas de aplicaciones y funcionarios del área de transporte.

Participaron también el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; además de legisladores y autoridades del área de Transporte.

Uno de los puntos centrales del proyecto será la eliminación de múltiples tasas que hoy representan un costo importante para los taxistas.

El Gobierno propone quitar aranceles vinculados con transferencias de licencias, renovaciones y diversos trámites administrativos.

También se eliminará la obligatoriedad de adhesión a BA Taxi, el sistema oficial que había sido implementado por la Ciudad y que nunca terminó de consolidarse entre los conductores.

Según explicaron desde el Ejecutivo porteño, el objetivo es que gran parte de la operatoria diaria pueda resolverse desde el celular.

La idea incluye pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso digital a viajes, en línea con las herramientas que ya utilizan las aplicaciones privadas y que cambiaron los hábitos de movilidad de millones de personas.

La discusión sobre las apps y los taxis lleva años generando choques políticos, judiciales y gremiales. Mientras las plataformas crecían gracias a la demanda de los usuarios, el sector tradicional denunciaba competencia desleal y falta de controles.

En muchos casos, las protestas terminaron con cortes de calles, movilizaciones y reclamos para endurecer las sanciones contra los conductores de aplicaciones.

Con esta reforma, la Ciudad intenta cerrar una etapa marcada por la ambigüedad regulatoria. La apuesta oficial consiste en reconocer un escenario que hace tiempo ya funciona en la práctica y establecer condiciones mínimas comunes para todos los actores.

La seguridad de los pasajeros, la formalización laboral y la simplificación administrativa aparecen como los principales argumentos de una iniciativa que promete cambiar el mapa del transporte urbano porteño.

Otro de los ejes destacados es el impulso a la electromovilidad. El Banco Ciudad lanzó líneas de financiamiento para facilitar el recambio de la flota de taxis hacia vehículos eléctricos.

Los créditos permiten acceder a montos de hasta 28 millones de pesos, con plazos de financiación de cuatro años y una tasa fija del 20%.

El plan cubre hasta el 70% del valor de la unidad y está destinado a titulares con licencia de taxi y actividad tributaria comprobable.

En el oficialismo aseguran que el esquema actual había quedado completamente desfasado frente a las nuevas dinámicas de movilidad.

La digitalización de los viajes, el avance de las plataformas y los cambios en las preferencias de los pasajeros terminaron dejando al sistema tradicional en una situación cada vez más complicada.

Con esta reforma, la Ciudad apuesta a reducir esa brecha y actualizar un servicio que durante décadas fue uno de los símbolos más reconocidos de Buenos Aires.

La iniciativa recién comienza su recorrido legislativo, pero ya abre una discusión de fondo sobre cómo deben convivir los distintos modelos de transporte urbano en una ciudad donde la tecnología modificó para siempre la manera de viajar.

Entre flexibilización, controles y modernización, el Gobierno porteño busca redefinir las reglas de un mercado que durante años funcionó en medio de tensiones, vacíos legales y reclamos cruzados.