El GEN rechaza la eliminación de pensiones a discapacitados

Juan Carlos Juárez, referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer, manifestó su absoluto rechazo ante la decisión del Gobierno Nacional por la cual se están dando de baja, de

modo injustificado, muchos subsidios a personas inválidas. Consideran que el Macrismo está violando derechos constitucionales.

A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Carolina Stanley, decidió aplicar un olvidado decreto menemista de 1997 que establece la necesidad
de reunir más requisitos y condiciones a quienes buscan acceder a una pensión.

Bajo esos argumentos, el Ejecutivo Nacional quitó, entre otras, la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluso si es la mínima.

También sufrieron la baja de sus pensiones las personas con dificultades para
manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familiar tenga un salario formal de $ 21.000 o más.

Según trascendió, la decisión está vinculada con el pedido de Mauricio Macri de achicar el gasto para cumplir la meta de 4,2% de déficit fiscal.

Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN afirmó que “es incomprensible que el Gobierno
Nacional busque reducir el déficit fiscal ajustando a los sectores más vulnerables de la sociedad” y agregó que “la medida es violatoria de todos los tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad que, desde 2014, en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que los discapacitados son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo”.

Además, señaló que “la decisión del Gobierno de Mauricio Macri atenta contra un derecho humano esencial como lo es el de la igualdad de oportunidades para que las personas con alguna discapacidad puedan desarrollarse normalmente dentro del la
sociedad”.

Finalmente, Juárez afirmó que “lejos de tomar esta decisión, el Gobierno debería haber universalizado las pensiones y facilitado el acceso tanto para quienes sufren alguna discapacidad como para quienes viven en situaciones de vulnerabilidad”.