En los últimos años los Gobiernos Porteños jamás se metieron con los trapitos, pero ahora con el control de la Policía decidió avanzar con actas contravencionales mientras insiste en la sanción de una nueva ley

El pasado fin de semana la Policía de la Ciudad, realizo un operativo especial contra los «cuidacoches» ilegales, conocidos popularmente como «trapitos».

Esta actividad que hoy es muy molesta para los conductores, comenzó como una salida laboral para personas que querían ganarse una propina por cuidar vehículos, en los últimos años se transformó en una actividad extorsiva controlada por barras de clubes y mafias que operan en la Capital Federal.

El operativo que se llevo a cabo en Palermo, con personal de las comisarías 31 y 25, marca un cambio de tendencia del Ministerio de Seguridad porteño.

Al día de hoy, eran inusuales este tipo de operativos porque el gobierno reclamaba la sanción de una nueva ley que declarara la actividad como ilegal.

Una de las principales preguntas era, ¿Por qué ahora sí se avanzó contra los trapitos y antes no se hacía?, Porque ahora tenemos el control de la Policía», contestaron fuentes del gobierno de la Ciudad.

El resultado del operativo fue positivo, y se labraron 402 actas por infracción a los artículos 83 y 79 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

También hay que sumar la derivación para su identificación de 76 personas, de las cuales más de 10 poseían pedido de captura vigente y quedaron detenidas.

Igualmente son muy pocas las actas iniciadas por este tipo de infracciones que terminan en una condena.

Pero, los operativos buscan disuadir a los trapitos que se transformaron en dueños de la vía pública en los barrios donde se concentra la mayor actividad nocturna los fines de semana.

Por medio del PRO, ya se confirmo que insistirá con un nuevo proyecto con sanciones más severas en la Legislatura porteña.

La idea según el artículo 79 del Código de Contravenciones, quienes exijan dinero por el cuidado de vehículos en las calles sin autorización legal serán sancionados con una multa de 200 a 400 pesos o de uno o dos días de trabajo de utilidad pública.

Y en caso de que exista una organización previa, la sanción se eleva al doble.

El Gobierno dijo que van a insistir con la norma, y esperan que esta vez tengan un buen final, ya que han insistido en dos o tres oportunidades y no han logrado las mayorías.

De esta forma, esperan que en esta oportunidad lleguen a los consensos necesarios y a las mayorías necesarias ya que, en definitiva, eso permitirá una ley que sirva y colabore con la seguridad de los vecinos de la Ciudad, sostuvo el diputado oficialista Daniel Presti.

Para sancionar la norma se requiere de 31 votos y el oficialismo afirma que cuenta con 28 adhesiones hasta el momento.