La Ciudad de Buenos Aires endureció los controles contra quienes ocupan de manera ilegal los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. A partir de una nueva medida, quienes falsifiquen o adulteren la cartelería no solo deberán afrontar importantes multas económicas, sino que también podrán sufrir la suspensión de la licencia de conducir y enfrentar una denuncia penal.

Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo.

Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación.

Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar el endurecimiento de las sanciones.

La decisión forma parte del paquete de medidas impulsadas por la administración porteña para ordenar el uso del espacio público y combatir distintas maniobras irregulares detectadas en la vía pública.

En este caso, el foco está puesto en los carteles que reservan lugares exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad, un beneficio que busca garantizar la accesibilidad y la inclusión, pero que en numerosos casos terminó siendo utilizado de manera fraudulenta.

Durante los controles realizados a lo largo del año, las autoridades detectaron una importante cantidad de irregularidades.

Entre ellas aparecieron permisos adulterados, documentación falsa, autorizaciones vencidas e incluso reservas cuyos titulares ya habían fallecido.

Estas situaciones derivaron en la remoción de más de 400 carteles instalados de manera irregular en distintos puntos de la Ciudad, una cifra que refleja la magnitud del problema.

Desde el Gobierno porteño sostienen que estas prácticas no representan únicamente una infracción administrativa.

También implican una apropiación indebida del espacio público, ya que un lugar destinado a garantizar el derecho a la movilidad de una persona con discapacidad termina siendo utilizado en beneficio de particulares que no cuentan con autorización o que manipularon la documentación para obtenerla.

El nuevo esquema de control busca desalentar este tipo de conductas mediante un sistema de sanciones más severo.

Además de las multas económicas, los infractores deberán afrontar los costos derivados del operativo realizado para retirar la cartelería irregular y restaurar el espacio público, incluyendo la remoción del cartel y la pintura del cordón correspondiente.

La Secretaría de Tránsito intensificará los controles en toda la Ciudad y aplicará un protocolo de actuación inmediata cada vez que detecte una situación sospechosa.

El procedimiento establece que, ante una irregularidad, el cartel será retirado en el momento para evitar que continúe utilizándose de manera indebida.

En aquellos casos en que existan indicios de falsificación o adulteración de la señalización, también se dará intervención al Ministerio Público Fiscal para que investigue la posible comisión de un delito.

Sin embargo, antes del inicio de una causa penal, las personas involucradas tendrán la posibilidad de presentar un descargo y aportar la documentación correspondiente para acreditar su situación.

En paralelo, las áreas competentes iniciarán el procedimiento para suspender preventivamente la licencia de conducir del presunto infractor, una sanción que hasta ahora no formaba parte de este tipo de incumplimientos y que busca generar un mayor efecto disuasorio.

La normativa también incorpora un criterio de responsabilidad económica directa. Esto significa que quien haya provocado deliberadamente la instalación o modificación ilegal de la cartelería deberá hacerse cargo de todos los gastos ocasionados por la intervención del Estado para restablecer la situación original.

Las sanciones económicas previstas también fueron endurecidas. Quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con la normativa vigente podrán recibir multas de hasta 200 mil pesos.

En tanto, quienes instalen señales de tránsito sin autorización o alteren la señalización oficial se exponen a multas que pueden alcanzar los 100 mil pesos.

El objetivo de estas medidas es proteger un recurso limitado que resulta indispensable para miles de vecinos.

Los espacios reservados permiten que las personas con discapacidad puedan estacionar cerca de sus domicilios o de los lugares que frecuentan, facilitando su movilidad y promoviendo una mayor autonomía.

Cuando esos lugares son ocupados mediante maniobras fraudulentas, quienes realmente necesitan ese beneficio terminan siendo los principales perjudicados.

Las autoridades consideran que el incremento de los controles permitirá recuperar espacios que hoy permanecen ocupados de manera irregular y garantizar que las reservas existentes respondan efectivamente a situaciones justificadas y vigentes.

Como parte del endurecimiento del régimen sancionatorio, el Ejecutivo también enviará a la Legislatura porteña un proyecto para modificar el Código Contravencional.

La iniciativa busca incorporar como una contravención específica la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, fortaleciendo así el marco legal para sancionar este tipo de conductas.

Antes de que comiencen a aplicarse plenamente las nuevas disposiciones, el Gobierno otorgará un plazo de 20 días corridos para que quienes posean permisos vencidos, datos desactualizados o espacios utilizados sin la debida autorización regularicen voluntariamente su situación. Durante ese período podrán actualizar la documentación correspondiente mediante los canales habilitados por la Ciudad.

Una vez finalizado ese plazo, las autoridades advirtieron que los controles serán más estrictos y que quienes continúen incumpliendo la normativa quedarán expuestos a las sanciones administrativas, económicas e incluso penales previstas por la nueva reglamentación.

La medida busca recuperar el correcto uso del espacio público, fortalecer la transparencia en los beneficios destinados a personas con discapacidad y garantizar que los lugares reservados sean utilizados exclusivamente por quienes realmente los necesitan.