Lo afirmó el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, tras la conmoción y el dolor generado en las últimas horas por el asesinato de Micaela García.
Buscan que el Senado convierta inmediatamente en Ley un Proyecto de Sergio Massa, que ya tiene media sanción en la Cámara baja y que obliga a los jueces a cumplir con nueve pasos excluyentes antes de conceder cualquier libertad.
Sebastián Wagner, el hombre de 30 años detenido y acusado por el asesinato de la joven, había sido condenado en 2012 a una pena de 9 años de cárcel por dos hechos de abuso sexual, pero solo cumplió 4 años en prisión, porque en julio de 2016 fue beneficiado con la libertad condicional por el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi.
Luego de manifestar su inmenso pesar por la muerte de la estudiante de 21 años, el Legislador santafecino reiteró una vez más la necesidad de que el Senado Nacional trate y sancione de manera urgente la norma impulsada por Sergio Massa que, luego de
una ardua tarea, fue aprobada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado.
En ese sentido, consideró que es fundamental que la cámara alta trate con suma celeridad y apruebe la iniciativa que busca endurecer el régimen de cumplimiento de
condenas de los presos, a fin de evitar la ‘puerta giratoria.
La norma ideada por el líder del Frente Renovador detalla que hay que terminar con la liberalidad que establece el Código Penal cuando le dice al juez podrá, en lugar de deberá.
En tanto, Grandinetti agregó que nadie puede salir de la cárcel de forma automática, ni por teléfono, por eso en la Ley se establece un protocolo que obliga a los jueces a seguir nueve pasos estrictos antes de conceder cualquier libertad.
Ese itinerario legal y obligatorio limita las excarcelaciones e insta a los jueces a considerar el historial criminal completo del imputado; el historial psicológico, médico, psiquiátrico y de violencia de género, contra la mujer y familiar en el fuero de Familia y/o cualquier otro fuero donde lo tuviere, así como la recomendación del fiscal interviniente, de la parte querellante y del Servicio Penitenciario a través de los organismos pertinentes.
También debe evaluar la información y opinión aportada por la víctima o las asociaciones de víctimas que la representen, el informe de visita al domicilio propuesto para residencia, al grupo familiar y al posible empleador, si lo hubiere.
Además, debe considerar todos los datos emergentes de la creación del Registro Nacional de Medidas de Coerción, siendo ésta una base registral que permitirá al Poder Judicial saber realmente cuantas personas con detención, prisión preventiva o
liberadas con reglas de comportamiento o modalidades de atenuación existen.
Por último, reunidos los elementos mencionados, el juez debe realizar una audiencia de contacto y evaluación con el imputado antes de resolver su libertad.
Finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti, manifestó la necesidad de que el Poder Legislativo redoble los esfuerzos a fin de acelerar los tiempos parlamentarios y entregar herramientas que permitan la prevención de hechos tan dolorosos como el
inexplicable asesinato de Micaela.