Maximiliano Ferraro, legislador CC ARI, es autor de uno de los proyectos que derivó en la sanción de la modificación a la ley 2340 referida a la actividad de los corredores inmobiliarios y el cobro de honorarios para inquilinos.

¿Cuáles son las principales modificaciones que se incorporaron?
A partir de ahora serán los propietarios quienes paguen la comisión, del 4,15 %, de los contratos de alquiler y las inmobiliarias ya no podrán cobrar por los gastos de gestoría ni de administración, así los alquileres serán más accesibles para los inquilinos porteños. Todas estas nuevas medidas y modificaciones en el circuito inmobiliario serán controladas y verificadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que será uno de los responsables de garantizar que se respeten los derechos de los inquilinos, para esto brindará asistencia legal gratuita descentralizada para todos.  Lo derechos de los inquilinos y de los propietarios deberán estar visibles en todos los lugares que ofrezcan propiedades. Con esta ley se busca fortalecer la política de acceso a la vivienda, una prioridad que se está llevando adelante tanto desde el Gobierno de la Ciudad como desde el Gobierno Nacional.

¿Cuál fue el reclamo de las inmobiliarias frente al cambio en las reglas de juego que benefician a los inquilinos?

Esta ley no va en contra de ningún sector, es más creemos que con esta iniciativa se va a fomentar la competencia en el mercado inmobiliario y hará que se celebren más contratos. Así se reflejará en una mejora en el interés general, que siempre está por arriba del interés particular de un grupo. Creemos que es necesario ir hacia una situación más justa para los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, y respetar estas nuevas y claras reglas que van a regir el mercado inmobiliario a la hora de alquilar. En este sentido podemos comparar la situación del inquilino con la del consumidor, según el mismo Código Civil este es aquel que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Entonces lo que se hace con esta modificación es dotar de la protección constitucional que tienen los consumidores a los inquilinos: estamos corrigiendo las distorsiones de un mercado que perjudicaba su bienestar y a su vez le damos toda la información disponible.

¿Cómo se fue trabajando esta iniciativa, la comisión que lo discutió se reunió con los distintos actores del tema?

Esta iniciativa surgió de un proyecto que presentamos junto a los legisladores Francisco Quintana, Carmen Polledo, Paula Oliveto Lago, Lía Rueda, Juan Ignacio Maquieyra, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y propuestas de diversos bloques parlamentarios, así también contamos con el trabajo de ACIJ – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Inquilinos Agrupados y otras organizaciones.